Camiones en guerra

Y no les ha faltado de nada. Desde los piquetes violentos para impedir la distribución de todo tipo de mercancías, algunas de primera necesidad, hasta los cortes de carretera y acceso a las grandes ciudades. Es cierto que, en sólo un año, el precio del gasóleo de automoción ha pasado de costar 0,95 céntimos a 1,35 euros, pero de ahí a creerse con derecho a poner el país patas arriba hay un largo trecho. Pensar que las turbulencias económicas sólo les afectan a ellos y que esto les da derecho a arremeter contra el resto de los ciudadanos, no sólo es una salvajada, sino que además es un delito. No es lícito un escenario con camiones quemados y volcados en el que se toma como rehenes impunemente a millones de personas. Si pretendían colapsar el país y crear el caos, casi lo consiguen. Lo impidió la paciencia y educación del resto de ciudadanos. Ahora toca hacer recuento de los daños y preguntarse quién va a hacerse cargo de la factura.

Todos los que tenemos que utilizar un vehículo por cuestiones de trabajo soportamos como podemos las subidas del precio de los combustibles. ¿Se imaginan si todos los colectivos que tienen que ver con el uso del coche trataran de obtener ayudas fiscales en el río revuelto de las subvenciones? Somos conscientes de que cerca del 90% de los productos, perecederos o no, que consumimos a diario llegan por carretera y en camión, como también lo somos del hecho de que las tarifas de transporte sean o no rentables depende de los empresarios del sector, que son los propietarios de los camiones y los que se ponen en huelga. Por eso es necesario que ese minoritario 12% que todavía mantiene las espadas en alto acepte de verdad y dé por terminada esta ‘guerra’ salvaje. Abusar de su posición de fuerza con agresiones de todo tipo para después levantarse de la mesa de negociación cuando ocurren desgracias provocadas por ellos mismos, no sólo es una reivindicación, es un reto a la sociedad en su conjunto.