Cárcel para infractores

El debate abierto sobre la proposición de ley que modifica el Código Penal en materia de seguridad vial y que ha sido remitido al Senado es una de esas cuestiones en las que hay coincidencia en el fondo, pero disparidad en la forma. Estamos de acuerdo en que hay que castigar con dureza las conductas temerarias al volante. Como también lo estamos en la necesidad de penalizar a todos aquellos que al volante superan los límites legales de alcohol, lo hacen bajo la influencia de otras drogas o practican una conducción marcada por la velocidad. Entendemos que todo aquél que pone en peligro la vida o la integridad física de las personas es merecedor de recibir el castigo correspondiente y debe ser retirado de la circulación.

Por el contrario, y entrando en la forma, nos parece que recurrir como se ha hecho, deprisa y corriendo, al Código Penal en busca de una solución definitiva a los problemas de la alta siniestralidad es arriesgarse a un posible fracaso. Sirva como muestra lo ocurrido con el carné por puntos y la pérdida de credibilidad que ha sufrido por hacerse de forma incompleta y precipitada.

En esta reforma se tipifica como delito y castiga con una pena de tres a seis meses de cárcel a todo aquél que sobrepase en más de 80 km/h el límite previsto en las vías interurbanas y en más de 60 km/h en las urbanas. Algo que, visto lo visto, puede convertirse en un lío interminable para los jueces. A ellos les toca decidir si la pena es de prisión o, por el contrario, de multa y trabajos en beneficio de la comunidad. Una decisión que se puede alargar en el tiempo si tenemos en cuenta que, en la mayoría de los casos, la denuncia va a venir vía radar y sin que se haya detenido al vehículo en cuestión.

Los Populares, que han votado en contra de esta reforma, cuestionan la capacidad de unos juzgados que ya hoy están a punto del colapso. Algo que también ocurre con las cárceles. Otra cuestión digna de mención es la escasez de plantilla y medios de la Dirección General de Tráfico para hacer frente a esta nueva situación. Según el RACE, más de medio millón de conductores circulan actualmente sin carné, sin seguro y, en un futuro, sin puntos. Todos serán merecedores de cárcel cuando se aplique la nueva Ley.

Sólo una mayor vigilancia policial en las carreteras y controles de alcoholemia y otros tipos de droga pueden atajar el problema. Ojalá que todo esto sirva para retirar el mayor número de inconscientes de la vía.

Por cierto, la reforma introduce una disposición que obliga a las diferentes administraciones a una revisión de la señalización vial. ¿Ha pensado alguien en quién va a recaer la responsabilidad? Y hablando de señales y por terminar, sorprende que esta nueva Ley no contemple a los que se saltan semáforos, no respetan las señales y conducen de forma temeraria aunque no superen los límites de velocidad. Debe ser que, con eso de la vía de urgencia, no da tiempo para más.